Mucho se habla en esta y en otras tantas ciudades, del fenómeno social denominado “inseguridad”.
Dirigentes y funcionarios de todo el país, se devanan los sesos para encontrar una respuesta eficiente a éste problema, que satisfaga a la opinión pública y morigere el efecto negativo, que su “incremento”, produce en la imagen de sus respectivas gestiones.
Sin embargo, existe otro tipo de “inseguridad”, mucho más grave que la generada por lo que solemos llamar “delincuencia”…
Me refiero específicamente a esa “inseguridad pública” que tiene su origen, justamente, en las acciones u omisiones atribuibles a los funcionarios públicos e instituciones del Estado, ese sector de nuestra sociedad, que asumió, junto con el mandato delegado, la responsabilidad de garantizar a todos los ciudadanos, el cumplimiento y goce efectivo de todos los derechos consagrados en nuestro ordenamiento jurídico, entre los que sin duda se destacan, el derecho a la salud y a la vida.
Así es, que como sociedad, nos resultaría mucho más sencillo, desandar los intrincados caminos de la semántica inversa tan de moda y retomando el camino de la lógica gramatical, dejar de expresarnos en términos “no positivos”, para empezar a llamar a las cosas por su nombre.
La “inseguridad" no es otra cosa que la falta de seguridad y una sociedad segura, es aquella donde el estado preserva, entre otras cosas, la vida, la salud y la integridad física de todos sus ciudadanos.
Esta seguridad, mínima y fundamental, es la que nuestro gobierno municipal nos escatima, cuando permite, con su falta de acción, que se mantenga “inalterada” una situación de riesgo permanente, que ya le ha costado, nada más y nada menos que la vida, a un inocente bebe de nuestra comunidad.
Las excusas y las maniobras dilatorias no sustituyen la obligación de arbitrar los medios necesarios para “garantizar” de ahora en más, la conformación de los equipos técnicos y humanos necesarios, para asegurar una adecuada atención médica a la población, tanto en casos de emergencia como en otros tan “predecibles” como un parto en término.
Resultaría entendible que ante una catástrofe o un accidente que involucre muchas víctimas, la capacidad de un pequeño hospital se vea desbordada y que ante esa situación, sorpresiva y confusa, no se logre conformar un equipo humano de atención, pero el parto de una paciente regular de ese mismo hospital, no parece ser un caso que presente características extraordinarias.
El caso Echeto representa la tétrica punta de un iceberg, que emerge visible ante la opinión pública, pero como en los peligrosos hielos flotantes, lo que la sociedad alcanza a ver, es tan sólo una pequeña parte, mientras que la verdadera magnitud del peligro, permanece oculta, sumergida en las profundas aguas de la impunidad.
¿Qué impide que un funcionario a quien públicamente se le reconoce su condición de “hombre de bien”, tome la prudente decisión de apartar preventivamente de sus funciones, a las personas involucradas en un suceso de la gravedad del que nos ocupa? ¿Qué puede motivar a un “hombre de bien” a recurrir a “picardías” de bajo vuelo político: chicanas, en la jerga popular, en vez de actuar con la responsabilidad, seriedad y firmeza que las circunstancias y el sentido común aconsejan?
No lo sabemos. No tenemos respuestas. En su lugar, la sociedad ha recibido una serie ininterrumpida de patéticas representaciones histriónicas acompañadas de frágiles, dudosas y rebuscadas argumentaciones.
Pareciera que la frase “hacerse cargo” no existe en el repertorio de las actitudes susceptibles de ser tomadas por la presente administración. Pareciera que “tomar medidas”, no fuera una de las atribuciones del ejecutivo municipal. Pareciera que “dar la cara” no fuera algo que cualquier funcionario debe hacer espontáneamente, sino algo que se debe ajustar a la oportunidad o las exigencias, siguiendo los inconfesables mandatos de vaya a saber que intereses.
Aquella persona que se ofrece libre y voluntariamente para ser elegida a desempeñarse en la función pública, asume implícitamente, la obligación de hacerlo bien, no sólo con honradez, una condición exigible a cualquier ciudadano, sino también, con eficacia e idoneidad.
Así, mientras algunos continúan debatiéndose en un soliloquio “shakesperiano”, enfrentando el dilema de ser o no ser, una parte fundamental de la Seguridad Pública permanece en riesgo: la salud del pueblo seguirá subordinada a la eventual posibilidad de que se forme o no se forme un “equipo quirúrgico”. La vida o la muerte, definidos por una “tómbola” administrativa, donde los francos y licencias de los profesionales de la salud, jugarán el papel inapelable de un casillero en el Juego de la Oca.
Mientras tanto, el “amiguismo” seguirá funcionando como eficaz alfombra, debajo de la cual, continuarán acumulándose los errores y las negligencias, la culpa y el dolo… hasta que el tiempo pase y soplen los inexorables vientos del olvido, llevándose junto al silencioso dolor de las víctimas, toda posibilidad de esclarecimiento y justicia.
GAM
"La Otra cara de la inseguridad"
